Lo sucio de la Oroya

Imagen tomada de Google.

La debilidad, suavidad, comprensión y apoyo que suele demostrar nuestras autoridades, tanto en sus decisiones como en sus actos, hacia aquellos empresarios grandes que, en nuestro país, suelen convertirse en ladrones de cuello blanco y corbata, que luego salen absueltos de todos los cargos como si nada hubiera pasado, nos da uno de los mejores ejemplos hoy de que con esa actitud no hacen más que traer problemas y desestabilización política, moral y social en nuestro estado de gobierno.

No nos bastó con la masacre en Bagua, pues ahora tenemos otra movilización de los trabajadores de la fundición metalúrgica o minera DOE RUN de La Oroya, que en su manifestación de desacuerdo con el cierre y despido temporal de su centro de labores, han decidido tomar al menos 12 kilómetros de la Carretera Central, impidiendo así la normal circulación de todo tipo de comercio y alimentos hacia las ciudades, localidades y departamentos que están unidas por el tramo de esta vía como lo son Huancayo, Chanchamayo, Tarma, Junín, Huánuco y Lima.

Lo más reprochable es que esta minera vino mostrando problemas para su correcto desempeño desde el año pasado cuando en varias ocasiones pidió al gobierno prorrogas oficiales para cumplir con su Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) luego de que el sindicato de bancos le negaran un crédito por U$ 75 millones, debido a la crisis mundial que terminó por afectarlos. A partir de ese momento quedaba más que claro que la empresa se estaba desmoronando de a pocos, pues no contaba con dinero que lo financie y sustente para continuar, su tiempo de vida era de corto plazo.

Era entonces cuando el gobierno debió intervenir y no ceder ante la petición de dicha empresa, poner mano dura, cerrarse y volverse igual de obstinado que para otros temas y decisiones políticas. Así pedirle a la empresa que cumpla con su PAMA sí o sí en el mes que se le había sido indicado, sin darle más prorrogas a algo que era un deber de esa organización. Ahora nuevamente les piden retrasos para su cumplimiento y ellos en vez de exigir su cumplimiento tiene pensado un “razonable termino para llegar a un buen acuerdo”…¿Hasta cuándo permitiremos que inversionistas extranjeros vengan y se burlen de nuestro, de por sí, pésimo sistemas político? ¿Es tanto el miedo que les causa enfrentarse a quienes se suponen son los grandes motivadores de nuestro crecimiento económico con su inversión?

Si bien el estado no debe intervenir con inversión nacional para recuperar y salvar la empresa minera de La Oroya, de capitalistas privados, está en sus manos analizar que tan favorable o desfavorable sería conceder la administración judicial del complejo a los trabajadores, que es una de las soluciones planteadas por ellos, pues es brindar opción de manejo a personas que no tienen experiencia alguna en estos campos, o simplemente pedir a su principal accionista, el millonario Ira Rennet, que cumpla con el acuerdo que firmó con sus empresas acreedoras, de modo que se pueda volver a invertir en la minera y restablecer su nivel y efectividad de trabajo.